EL GOBIERNO AZNAR APRUEBA MEDIDAS PARA REACTIVAR Y FORTALECER LA ECONOMÍA
El Gobierno español aprobó una serie de medidas económicas con las que pretendía reducir la carga fiscal de las empresas, liberalizar varios sectores e incentivar la contratación de trabajadores.
El Consejo de Ministros aprobó el "Plan de Empleo y Modernización de la Economía", que contenía además medidas sobre las telecomunicaciones, el suelo y la vivienda o la energía y los combustibles, entre otras.
En una rueda de prensa celebrada después del Consejo, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, explicó que las medidas fiscales y de liberalización de servicios aprobadas eran necesarias para reactivar la economía y para crear empleo.
Entre las medidas figuraban la modificación del régimen de las plusvalías, incentivos a los nuevos contratos indefinidos, la deducción por creación de empleo estable para personas mayores de 45 años o minusválidos, y la reducción del 95% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para cónyuges y descendientes en viviendas y empresas familiares.
Otras medidas contempladas tienen que ver con el apoyo a las peque├▒as y medianas empresas (PYME) y la supresi├│n de organismos como la Junta Superior de Precios o la delegaci├│n del Gobierno en Telef├│nica.
El Gobierno dio visto bueno a la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), en virtud de la cual se suprimían los gobernadores civiles y se creaba el cargo de Subdelegados del Gobierno dependientes de las delegaciones del Gobierno en cada región española.
Con el prop├│sito de potenciar la libertad de competencia en el sector de las telecomunicaciones y arbitrar en los conflictos entre operadores, el Gobierno iba a crear la "Comisi├│n del Mercado de las Telecomunicaciones".
También se decidió eliminar el monopolio del servicio telefónico, que tenía hasta ahora Telefónica Española, y abrir la competencia de la telefonía básica o tradicional.
Otra medida aprobada iba a permitir la rematriculación de vehículos de segunda mano para fomentar el mercado de los usados y reparar las discriminaciones en la matriculación respecto a los vehículos importados, que entran con placas nuevas, y los nacionales, que conservan las antiguas.
Una vez conocido el paquete de medidas aprobado, los sindicatos expresaron su "preocupación" por considerar que no incidirán en la creación de empleo y favorecerán a los colectivos con mayores posibilidades económicas.
En este sentido, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) denunció que las medidas iniciaban una política económica de "fe ilimitada" en el mercado que supondría problemas como consecuencia de un reparto más desequilibrado de la riqueza.
La Unión General de Trabajadores (UGT) rechazó las medidas porque, en su opinión, favorecía las rentas del capital en perjuicio de las rentas del trabajo, no beneficiaba al empleo, fomentaba las desigualdades, y constituía un "regalo" para los poseedores de patrimonios importantes y un "atentado" contra la progresividad fiscal.
Los que sí recibieron las medidas con satisfacción fueron los empresarios, quienes consideran que tendrán efectos positivos sobre la economía y el empleo.
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE, patronal), José María Cuevas, aplaudió las medidas y dijo de ellas que "fortalecerán y aliviarán las cargas de las pequeñas empresas y tendrán una influencia importante" en el empleo y en los precios finales para los consumidores.
El portavoz de la Comisión de Economía del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Congreso, Juan Manuel Eguiagaray, afirmó que las medidas del Gobierno "favorecen más a las rentas del capital que a las del trabajo. Creo que hoy -dijo- es un día de gloria para el presidente de la CEOE, señor Cuevas".
Este conjunto de medidas se sumaba a las del día 3 de junio, cuando el Gobierno aprobó el recorte global de 200.000 millones de pesetas en los gastos del Estado y tenían como objetivo fundamental el fortalecimiento de la economía para conseguir la estabilidad necesaria para que España pueda adoptar en 1999 la moneda única europea.
